Las Declaraciones Juradas (DDJJ) permiten detectar y prevenir situaciones de conflicto entre el interés público y los intereses privados, personales, profesionales, comerciales o financieros de las y los funcionarios. Alertan sobre casos de posible enriquecimiento ilícito, ante los cuales interviene la Oficina Anticorrupción para despejar dudas o incluso adoptar acciones para sancionar esas conductas.