ACUMAR controló a más de 1900 establecimientos en el último semestre

 1 de Agosto de 2017

La Dirección de Fiscalización y Adecuación Ambiental (DFyAA) del organismo realizó 1958 inspecciones en establecimientos radicados en el territorio de la Cuenca Matanza Riachuelo durante el primer semestre de 2017.

ACUMAR cuenta con facultades de regulación y control respecto de las actividades industriales, prestación de servicios y cualquier otra con incidencia ambiental en la Cuenca. Los establecimientos son fiscalizados para identificar a los agentes contaminantes que deben adecuar sus procesos productivos, persiguiendo el objetivo de que todas las empresas trabajen de manera armónica con el ambiente.


Los encargados de llevar a cabo las diferentes actividades de control es el personal perteneciente a las coordinaciones de Fiscalización y Adecuación Ambiental que cuenta en su plantel con 36 inspectores abocados a la tarea en el territorio.


Miguel Sainz, coordinador de Fiscalización,  explica que se siguen varias líneas de trabajo; “una es la que denominamos Establecimientos de Relevancia Ambiental o Seguimiento Particular que son poco más de 200 de los cuales se ha hecho un informe más detallado” y  que son seguidos de cerca por el equipo del área. Por otra parte se trabaja sobre la base de datos de Agentes Contaminantes “(...) para reconvertir a quienes tengan que hacerlo focalizando en aquellos que aún no han terminado su proceso de adecuación.”


Para realizar un abordaje integral de la problemática  ACUMAR coordina, a través de la DFyAA con las jurisdicciones que componen la Autoridad de Cuenca y otros organismos el trabajo en territorio. El coordinador de Fiscalización enfatiza que “(...) la idea es cruzar bases de datos, información y  trabajar con los Municipios aunando esfuerzos para identificar los desvíos en términos ambientales de los establecimientos.”


Para ello se organizan operativos con la Agencia de Protección Ambiental (APRA) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) dependiente del gobierno bonaerense, con AySA y la Autoridad del Agua (ADA) en caso de identificar vuelcos clandestinos o fuera de norma. También se recibe la colaboración del Ministerio de Seguridad de La Nación y la sección de Delitos Ambientales de Gendarmería en caso de precisar llevar a cabo un allanamiento.